La Agenda 2030: reducción de todas las formas de violencia

FERNANDO INCHÁUSTEGUI

28 de noviembre de 2020

En la primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que forma parte de la Agenda 2030, se hace un llamamiento a una reducción significativa de “... todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”. Sin embargo, la “guerra contra la guerra”, por tomar prestado un término acuñado por Joshua Goldstein, no marcha bien. Tras decenios de avances en la reducción de la carga mundial de conflictos violentos, los últimos cuatro años se viene observando un aumento planetario del conflicto armado, la violencia contra civiles y otras formas de violencia, todo ello acompañado de una crisis sin precedentes en los desplazamientos mundiales y un apreciable deterioro del bienestar humano en las zonas afectadas por conflictos. Ante ello, la comunidad internacional debe encontrar la energía, las estrategias, la voluntad y los recursos necesarios para reducir la violencia en todas sus formas previniendo los conflictos, protegiendo a las poblaciones vulnerables y reconstruyendo Estados y sociedades tras el paso de la violencia. Al incorporar en los ODS la reducción de todas las formas de violencia, los Estados Miembros de las Naciones Unidas han echado los correspondientes cimientos. Al igual que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que los precedieron, los ODS no aportan todas las respuestas, pero fijan las prioridades y expectativas del mundo entero, establecen puntos de referencia para que podamos determinar nuestro avance y dan el pistoletazo de salida a una iniciativa mundial concertada. La reducción de la violencia es ya uno de esos objetivos; la pregunta es cómo puede hacerse realidad.

Los avances han ido con mayor lentitud en la puesta en funcionamiento de la prevención estructural, principalmente porque estas actividades corresponden a fases previas y escapan a la atención suscitada por las emergencias, por lo que no se han incorporado en la labor cotidiana de los organismos de desarrollo. Además, la prevención estructural no suele venir impulsada por agentes internacionales dedicados a la cuestión, sino por gobiernos nacionales y otros agentes locales empujados por inquietudes de ámbito local. A ello se debe la gran importancia de que todos los Estados estén decididos a reducir la violencia, siendo así que la reducción de la violencia ha pasado a incumbir a todos. Para que las Naciones Unidas se pongan al frente de la ayuda prestada a los Gobiernos y otras instancias para dar cumplimiento a su compromiso común, es imprescindible que la prevención en fases iniciales pase a formar parte de su cometido básico.
 
Sin embargo, para que la prevención pase del consenso a la práctica no basta sin más con encontrar la configuración institucional adecuada. También es precisa la voluntad política de dirigentes gubernamentales, organizaciones internacionales y el sector no gubernamental. Cabe destacar cinco escollos que hay que superar.
 
1. Acuerdo sobre el carácter del problema 
Habrá que conformar un entendimiento común de la manera de medir la violencia, determinar los factores que elevan los riesgos y estudiar maneras de hacerles frente. Los Estados también tendrán que acordar un instrumento reconocido para determinar la medida en que logran reducir todas las formas de violencia, entre ellas las que suelen pasarse por alto, como la violencia sexual y por razón de género y la denominada “violencia doméstica”. Con los ODS se insiste en que debe exigirse la reducción de “todas las formas” de violencia. Solo gracias a un consenso sobre la manera de medir la violencia y entender los factores de riesgo podemos esperar medidas dirigidas por Estados y asociaciones mundiales que tengan como fin hacerles frente.
 
El Marco de Análisis de las Naciones Unidas sobre los Crímenes Atroces: Instrumento de Prevención (2014) sirve de útil punto de partida para determinar los riesgos vinculados con el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, pero será importante que los Estados y las instancias de la sociedad civil entablen un diálogo abierto sobre las fuentes de riesgo y que se procure llegar a un consenso sobre estos temas. 
 
2. Titularidad nacional 
Cabe sostener que la principal dificultad práctica se cifra en alentar a los Estados y las sociedades a reconocer la violencia que padecen y los factores de riesgo inscritos en sus propios contextos nacionales. Solo cuando los Estados y sociedades reconozcan el problema solicitarán asistencia internacional y se implicarán en la prevención estructural. Para que la prevención resulte eficaz es fundamental que los Estados anfitriones, las sociedades y sus asociados internacionales asuman un firme sentido de voluntad común. 
 
3. Recursos comprometidos 
Hasta la fecha ha resultado difícil generar en suficiente medida la voluntad política de incorporar la prevención de los crímenes atroces en las prácticas cotidianas de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los organismos de desarrollo. Ello viene acompañado de la insuficiencia de los recursos comprometidos al respecto. Parte del problema de la voluntad política reside en la asignación de responsabilidades: ¿quién es responsable y qué le corresponde hacer? La inclusión de la reducción de la violencia en los ODS debe contribuir a consolidar esta voluntad, pues la comunidad de Estados en su conjunto está interesada en reducir los conflictos en el mundo entero. 
 
4. Asociaciones en pro de la reducción de la violencia 
Aunque es inevitable que recaiga en las Naciones Unidas gran parte de la carga de la reducción de la violencia, la responsabilidad de cumplir el objetivo va mucho más allá de la Organización. Evidentemente, conviene reafirmar que la principal responsabilidad corresponde a los propios Estados a título individual. Sin embargo, también es importante dar cabida en la ecuación a los agentes de la sociedad civil y el sector privado de ámbito nacional y empoderarlos como agentes de prevención, al igual que calibrar con cuidado las iniciativas internacionales de apoyo a las fuentes locales de resiliencia. Por último, hemos de reconocer que, en última instancia, las propias personas determinarán si las sociedades gozan de paz o se sumen en la violencia.
 
Los ODS ya han sido objeto de críticas en algunos ámbitos por su carácter excesivamente amplio y ambicioso, pero eso es precisamente lo que pretenden: establecer aspiraciones y desafiar al mundo a conseguir lo que para muchos es irrealizable. Si la capacidad de los ODM de suscitar alianzas internacionales puede traspasarse a los ODS, el acuerdo para la reducción de la violencia en todas sus formas podrá suponer un avance importante. No solo debería orientar al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto hacia el objetivo de reducir la violencia, sino que también tiene visos de concitar como nunca antes la energía, los conocimientos especializados y los recursos de los Estados en aras de su cumplimiento. La tarea que ahora tenemos por delante consiste en planificar la manera de cumplir estos objetivos y vigilar los avances. Tras ello nos ocuparemos de la difícil tarea de recabar los recursos y la voluntad política necesarios. Todavía está por ver si la intención del mundo de reducir la violencia está a la altura del desafío. La concertación de objetivos es una medida aislada, pequeña pero importante. A todos nos incumbe hoy la responsabilidad de colaborar en la determinación de los importantes papeles que podemos cumplir para reducir la violencia en todo el mundo.