EDITORIAL

Menos dinero en efectivo: Una oportunidad para México

 
La pandemia por covid-19 es el reto más grande al que se enfrentarán los gobiernos y las finanzas públicas del mundo. El Gobierno mexicano tiene una alternativa para fortalecer las finanzas públicas, incrementar la recaudación fiscal y reducir la economía informal en la etapa de recuperación de la crisis sanitaria y económica: impulsar la reducción del uso de dinero en efectivo como principal medio de pago. 

La economía mexicana funciona en gran medida fuera del sistema financiero y sin recurrir a los medios de pago electrónicos como las tarjetas de crédito, débito, transferencias, pagos en línea, monederos electrónicos, dinero móvil o CoDi. 
 
De acuerdo con datos de Mastercard, más del 70% de las transacciones de consumo en México se hacen con dinero en efectivo. 
 
La baja presencia de transacciones que utilizan medios de pago electrónicos integrados al sistema financiero facilita la evasión, dificulta el cobro de impuestos y reduce la base gravable efectiva.Al respecto, Laura Cruz, directora general de Mastercard México, comentó: “Una de las principales ventajas de los pagos digitales es su trazabilidad. 
 
Esta característica promueve de manera automática la transparencia de los flujos, además de crear eficiencias y reducir el costo de manejo del efectivo. La recaudación tributaria, es un ejemplo de estas aplicaciones y de sus beneficios, en beneficio tanto de la economía nacional, como de los contribuyentes y la población en general, como beneficiaria última del sistema tributario”. 
 
De acuerdo con estimaciones recientes de EY y Mastercard, en México la economía informal basada en efectivo representa el 19.2% del PIB. El tamaño de las actividades económicas que están ocultas del escrutinio de las autoridades o que no tienen registro, es de cerca de 4.6 billones de pesos anuales, si tomamos como base el tamaño de la economía en 2019. 
 
La pérdida de recaudación fiscal derivada de la existencia de una economía informal basada en el uso de efectivo representa el 2.6% del PIB, es decir, cerca de 620 mil 500 millones de pesos. Esta cifra es equivalente al 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 o a casi la totalidad de los presupuestos destinados a las secretarías de Bienestar, Salud y Educación Pública. La pérdida en recaudación también podría representar el 19.4% de los ingresos tributarios reportados por el SAT en 2019. 
 
Existen acciones que el Gobierno mexicano puede implementar para incentivar la adopción de medios de pago electrónicos, reducir el tamaño de la economía informal e incrementar la recaudación fisca. En ese sentido el IMCO Propone:
* Incentivar la adopción de métodos de pago electrónicos por parte del Gobierno como una alternativa eficiente y fácil de usar para todos. El Gobierno federal y los gobiernos locales deben adoptar medios electrónicos para el pago a proveedores, contratistas de obra públicas, nóminas y esquemas de distribución de programas sociales. 
* Implementar incentivos fiscales para consumidores: beneficios, exenciones y reducción de costo por uso de medios electrónicos de pago como tarjetas bancarias.
* Desarrollar incentivos fiscales para comercios: reducción del costo fiscal y operativo por aceptar pagos electrónicos en negocios, subsidio de dispositivos como terminales punto de venta y deducciones fiscales por ingresos reportados en medios de pago electrónicos. 
* Generar mayor aceptación de medios de pago electrónicos: obligatoriedad de aceptar pagos electrónicos e instalación de dispositivos como terminales punto de venta.* Impulsar los pagos electrónicos de salarios y prestaciones laborales: requisito de pago de nóminas y otras contribuciones vía transferencias bancarias.
* Establecer montos máximos permitidos de consumo en efectivo: límites máximos de compras que pueden hacerse en efectivo.También se deben implementar políticas que incrementen la competencia del sistema bancario y los sistemas de pago. 
 
En conjunto con la regulación para las empresas de tecnología financiera, es necesario adoptar estándares como el de banca abierta (Open Banking) para incrementar la diversidad de servicios financieros para personas no incluidas. 
 
Además, es posible que aún existan áreas de oportunidad en temas como la regulación de los mercados de dos lados, servicios y sistemas de pagos, temas de interconexión, balance entre bancos emisores y adquirentes de tarjetas de crédito, integraciones verticales en segmentos específicos del sistema financiero, así como la entrada y correcta operación de cámaras de compensación para pagos con tarjetas. 
 
DESDE PUEBLA 
LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, LLEVARÁ A CABO UN ENCUENTRO VIRTUAL PARA PROMOVER UN ESPACIO DE DIÁLOGO EN EL QUE SE compartan experiencias locales en la materia y vincular los ayuntamientos con Organismos Nacionales que impulsan el desarrollo y aplicación de la Política de Mejora Regulatoria.El evento se llevará a cabo el próximo jueves y viernes, a las 17:00 horas, a través de redes sociales del Ayuntamiento de Puebla, el registro está disponible a partir de hoy y hasta el próximo viernes previo al inicio del último día de dicho encuentro, en la página oficial del Ayuntamiento o en el siguiente link: https://bit.ly/33UnrCF. 
 
AL PARTICIPAR EN EL “FORO ENERGÉTICO POBLANO” ORGANIZADO POR LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO, LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, OLIVIA SALOMÓN DECLARÓ que no puede explicarse el desarrollo energético sin desarrollo social, sustentabilidad y sostenibilidad.Destacó que hay una serie de procesos en torno a proyectos previstos de generación eléctrica, hidroeléctricas, suministradores, gas natural, logística de petrolíferos, fondos de inversión y energías limpias. Definió que desde Puebla se construye un ecosistema para la inversión que derive en proyectos, como lo muestran las dos convocatorias en rubros como energía eléctrica, gas natural y terminales de almacenamiento de hidrocarburos, que garanticen suministro a precios competitivos. 

 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) DENUNCIARÁ A CUATRO EXALCALDES DE NAUPAN, PETLALCINGO, JONOTLA Y CHINANTLA, POR UN PRESUNTO daño patrimonial de 17.1 millones de pesos. Esto luego de que el Congreso de Puebla autorizara durante la sesión de este martes que se interpongan las denuncias ante el Ministerio Público una vez vencido el plazo para sanciones administrativas. 
 
HASTA LA PRÓXIMA
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